Treinta mil: ¿sí o no?

por Juan María Solare

Se ha reavivado en estos meses la discusión acerca de si los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-83) fueron 30.000 (cifra sugerida por diversos organismos de derechos humanos), 22.000 (cifra filtrada de fuentes militares ya en julio de 1978), 9.000 (cifra aportada por el informe de la CONADEP) o 4.500 (número que comienza a circular en foros de la web).

Como a nadie le sobran tiempo ni nervios, comienzo por mi conclusión: resulta irrelevante establecer la cantidad exacta de desaparecidos para derivar de ella la magnitud de la represión. Aun si hubiera desaparecido una sola persona, y muerto a consecuencia de las torturas o las precarias condiciones de encierro, lo objetable es el brutal sistema de persecución usado. Es esto lo que hay que poner en primer plano.

Lo que se le condena a la represión organizada no es -en primera línea- la cantidad, sino el método, el sistema siniestro para lograr un objetivo a costa de lo que sea. Lo que se condena es la arbitrariedad (“a este lo chupamos porque está en la agenda de direcciones de fulanito, y a este otro por las dudas”), se condena la crueldad (matar a alguien durante un enfrentamiento armado no es comparable a torturar a una persona esposada frente a sus familiares), se condena la injusticia (los desaparecidos no tenían no ya un defensor, sino tampoco un fiscal que presentara una acusación fundamentada), se condena la intimidación duradera inoculada en el resto de los ciudadanos, se condena la sustracción de bebés nacidos durante el cautiverio de las madres.

Mediante la aplicación de esta metodología, la cantidad de desaparecidos hubiera podido ser diez veces mayor. Hay suficientes temas que resolver prioritariamente, antes que establecer el número preciso de desaparecidos; y concentrarse en el número distrae de lo esencial.

Procedo ahora a socavar mis afirmaciones.

– “La cifra de 30000 fue inventada para obtener subsidios en Europa

¿Hay forma de demostrar el invento, además de las afirmaciones de quienes se atribuyen haber forjado la cifra (entre ellos el ex montonero Luis Labraña)? En caso de demostrarse la falsificación, ¿no arriesga esta persona juicios millonarios de los gobiernos estafados? Aun actuando de buena fe, ¿cómo podía una única persona estar al tanto de todas las actividades clandestinas del gobierno represor? Se sabe que hubo hasta 610 centros clandestinos de detención; con que cada uno hubiese “atendido” a un promedio de 50 personas llegamos fácilmente a 30.000.

– “La cifra de 30.000 está inflada

Algunos testigos de la época señalan que la guerrilla -sobre todo Montoneros– quiso inflar el número a fin de ampararse, como ejército rebelde, en los convenios de Ginebra de 1949, según los cuales no se podría juzgar a ninguno de los contendientes por crímenes de lesa humanidad. Así, evitarían ser juzgados y condenados como criminales. Por eso, Raúl Alfonsín aplicó los Estatutos de Roma, que sí contemplan la responsabilidad de los terroristas de estado y terroristas guerrilleros como enjuiciables por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la ecuación “desaparecido = terrorista” es uno de los graves errores mentales que no hay que cometer. Mi mayor preocupación aquí es por los desaparecidos que no estaban vinculados a la violencia armada. No voy a justificar ni defender jamás a un terrorista que pone una bomba en un lugar público.

– “La cifra de 30.000 es simbólica

Que sea simbólica no implica necesariamente que no sea real. Además ¿cuál es el punto? Si los desaparecidos fueron menos que 30.000, ¿entonces torturarlos comienza a ser moralmente irreprochable?

– “Flaco, no fueron 30.000

Insisto en lo más importante: aunque hubiera sido la tercera parte, es una cantidad enorme. No se bagateliza el asunto reduciendo la cantidad. Si fuentes militares hablan de unos 22.000 hasta 1978, y las desapariciones continuaron, la cifra de 30.000 no resulta desmesurada.

– “El informe Nunca Más documenta sólo unos 9.000 casos

Cuando se elimina una familia entera no queda nadie que pueda plantear una denuncia. Más allá de quienes, por falta de energía o por temor a quedar en una nueva lista negra, no se presentaron a declarar en 1984. Luego, el mecanismo represivo de la dictadura era descentralizado, actuaron como “señores feudales” (General Martín Balza, 2005), es decir que quien estaba a cargo de un centro de detención clandestina no tenía por qué rendir cuentas a sus superiores ni llevar un registro exhaustivo de cuánta gente pasaba por allí. 9.000 casos demostrados es entonces un mínimo, no un máximo.

– “Hay ex-terroristas que están cobrando indemnizaciones

Apenas se demuestre que alguien está cobrando dinero indebidamente, se le suspende el pago. Es un trámite meramente burocrático. Como mucho, un juicio civil o un embargo.

– “La represión no comenzó en el Proceso, sino antes

Es cierto: el terrorismo de estado en Argentina comenzó antes. La Triple A empezó a operar en 1973, acaso antes. Y ya desde 1975 las Fuerzas Armadas se involucraron activamente en el asunto, con más énfasis (y manos libres) desde la directiva 404/75 que ordenaba “aniquilar a las organizaciones subversivas” y con el establecimiento oficial del Plan Cóndor. El golpe del 24 de marzo de 1976 fue un paso más, no el detonante.

– “¿Y vos qué hubieras hecho contra la subversión armada y los mete-bombas?

¿Das por sentado que de un lado había militares y del otro terroristas? Las cosas no fueron tan sencillas. Del “otro lado” había, sí, terroristas armados, pero también disidentes no violentos, dirigentes políticos, sindicalistas, manifestantes, adolescentes que pedían el boleto estudiantil, religiosos, policías, deportistas, cantautores, periodistas, docentes, gente que estaba en algún lugar problemático en el momento menos adecuado, familiares cuya única culpa era conocer a su hermano, y una larga lista de personas con diversos grados de inocencia.

Tampoco se trataba de excesos personales y puntuales, sino que, intencionalmente y como parte del plan, el accionar represivo no se reducía a combatir la violencia armada: “Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios” (General Ibérico Manuel Saint-Jean, 1977), y esta no fue únicamente una bravuconada. “Otros comandantes creen que el Proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que peligre el sistema en sí [ubicaciones, personal involucrado]” (Jorge Contreras, alias de un alto jefe militar, 1979). Según instrucciones del General Roberto Viola (antes secretas, ahora desclasificadas), había que aniquilar “sin aceptar rendición”. Si estas declaraciones han quedado documentadas, podemos deducir que las instrucciones verbales fueron, como mínimo, igual de maquiavélicas.

Pero retomando la pregunta acerca de qué hacer con los “mete-bombas”: una alternativa evidente era llevar a esta gente ante cortes formales, tal vez cortes militares o incluso un tribunal de guerra, dentro de un marco legal que garantice un mínimo de injusticias contra los inocentes y un castigo proporcionado a quienes sean hallados culpables. No digo que sea fácil, pero tampoco fue más sencilla la vía inmoral que se eligió, y que dejó secuelas mucho peores.

Hay un factor adicional que no debe subestimarse. Por alguna extraña razón, quienes sostienen que los desaparecidos fueron 30.000 son descritos como “zurditos” por sus detractores, y quienes afirman que “fueron muchos menos” son considerados “fachos” por sus oponentes. Es decir: se utiliza el número para profundizar las brechas entre argentinos. Esta es otra razón más para no poner en primer plano la importancia del número exacto. Acepto que conocer la cantidad exacta no es completamente irrelevante. Pero enemistarse por determinar esta cantidad ensancha la grieta.

Más allá de que el dolor humano, hasta ahora, no es medible con números.

* JMS *

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2 Respuestas a “Treinta mil: ¿sí o no?

  1. ESTA ES LA VERDAD LO DEMAS ES VBLA BLA scribe: Gerónimo Díaz de Vivar
    Una de las mayores mentiras del mundo moderno es la que le asigna al periodismo, como una suerte de juramento de orden divino, la consigna de “Decir siempre la Verdad, toda la Verdad y nada más que la Verdad”. Esto es lo que se recita como el preámbulo, pero la realidad es otra; la generalidad de los medios de comunicación -tanto orales como escritos- y de los periodistas, se limitan a interpretar las órdenes de quienes los contratan: patrones, avisadores, factores de poder y banda de turno, con hipócrita obsecuencia.
    Teniendo en cuenta que como miembros del llamado Cuarto Poder gozan de ciertos privilegios, y están amparados en una impunidad imposible de alcanzar en los restantes niveles de nuestra sociedad, se manejan con total desaprensión e irresponsabilidad en la difusión de las noticias, donde se mezcla la verdad con la mentira para transformarla en una verdad a medias, que es lo que más confunde a la opinión pública. Así se transmiten noticias falsas, distorsionadas y dudosas, sin que a sus responsables les importe en absoluto el daño que provocan, y nunca se toman el trabajo de desmentirlas y, mucho menos, de aceptar el Derecho a Réplica.
    Con este “criterio envenenado”, el periodismo corrupto y venal se ha venido ocupando del tema de los desaparecidos, dando informaciones mentirosas o tergiversadas tanto en los números, como acerca de las circunstancias que llevaron a las Instituciones patrias a enfrentar a la subversión.
    Si algún abnegado y curioso ciudadano se tomara el trabajo de comparar las noticias del pasado con las actuales, se encontraría con que las estadísticas dadas a conocer no coinciden en nada y son tratadas o variadas como si fuera un juego de quiniela.
    Por ejemplo, si nos retrotraemos a años anteriores vemos que las cifras divulgadas desde enero de 1983 hasta noviembre de 1984 son:
    Enero de 1983, el cardenal tercermundista Evaristo Arias, arzobispo de San Pablo y presidente del “Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Cono Sur”, entregó a SS el Papa en el Vaticano un informe con los nombres de las 7.291 personas desaparecidas en la Argentina desde 1976 a 1982 (Clarín 18/1/83).
    Un mes más tarde, el mismo diario publica juntas dos noticias que contradicen su información anterior: la denuncia de las denominadas “Madres de Plazo de Mayo” en París aludiendo a que son “30.000 desaparecidos”. La segunda, en la misma columna del matutino, proviene de Ginebra (Suiza) donde el presidente del Grupo de Trabajo que investigaba las “desapariciones en la Argentina” dentro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijo que los casos presentados eran solamente 1780, de los cuales “tras cuidadoso examen, solamente fueron señalados al gobierno argentino 1.377 de esos casos”. (Clarín 15/2/83).
    A pesar de tanta contradicción (1.377 casos tratados por las Naciones Unidas” contra “30.000” alegados el mismo día en París), esta mentira quedó consagrada ante la opinión pública mundial y nacional, siendo repetida hoy en día hasta el hartazgo.
    También fue reiterada en El Messagero de Roma (La Voz 27-3-83), por entidades poco confiables como la “Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desparecidos” (FEDEFAM) en Caracas, Venezuela, cuyo vocero confesó haber estado “desaparecido” (un aparecido más) en nuestro país (Crónica, 7/5/83).
    Ese mismo día y año, se publicaba el diario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), uno de cuyos fundadores y vocales fue el tartufo Dr. Alfonsín, por entonces presidente de la Nación. La entidad sólo había registrado 5.780 desaparecidos después de una exhaustiva investigación. (Crónica 6ta. 7/5/83).
    Una semana después de tan dispares afirmaciones, el mismo vocero “ex-desaparecido” y secretario general de FEDEFAM, siempre en Caracas, redujo su estimación anterior de “30.000” a “21.000”.
    Pero la falaz cifra de “30.000 desaparecidos” siguió siendo reiterada por los medios y en todo lugar, sistemáticamente, hasta imponerla como una “verdad-insoslayable”. Así lo hicieron los agitadores de izquierda argentinos, uruguayos, brasileños y españoles que asaltaron y coparon nuestro Consulado General en Madrid (España), reclamando por “30.000 desaparecidos”, de los cuales pueden haber muchos casos como el de los dos hijos de Hebe Bonafini que (viven-desaparecidos) en el exterior.
    En medio de la propalación de cifras tan disímiles y contradictorias (30.000 – 27.000 – 20.000 – 17.000 – 15.000 – 10.000 – 6.000), se produce otra declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que reitera haber interrogado al gobierno argentino sobre 1.377 personas desaparecidas…
    Días después, el 25 de mayo de 1983, el diario La Voz, órgano de la “Intransigencia Peronista”, publica un artículo del activista y dirigente Emilio Fermín Mignone, donde con mucha elasticidad menciona a los “veinte o treinta mil desaparecidos, cuyo único delito era ser generosos e idealistas y trabajar por la liberación y el bienestar de nuestro pueblo” (Como en la dictadura cubana).
    Al parecer la cifra se va haciendo costumbre y ya nadie protesta por ella, permitiendo incluso que otros Estados se arroguen jurisdicción y atribuciones para investigar, interpelar y juzgar a Argentinos, como es el caso actual del juez español Garzón, que ha ordenado la detención de distintos ciudadanos y Patriotas.
    A mediados de ese mes y año, la presidenta de las “Madres de Plaza de Mayo” reconoce tener sólo 2.500 asociadas (son muchas menos), por lo que cabría preguntarse qué pasa con las restantes 27.000 madres que no reclaman por sus hijos. Por otra parte, nunca las “2.500 asociadas” se han hecho presentes en la tan manoseada Plaza de Mayo, como lo demuestran la escasa decena de “pañuelos blancos” que siempre aparecen en actos en nuestro país y en el exterior (en otra nota daremos a conocer de dónde provienen las divisas con las que se mueven por distintas capitales del mundo).
    En la segunda mitad de 1983, un “Colectivo contra la Autoexculpación de la Junta Militar Argentina” imprimió y distribuyó en Europa para su envío a la Casa Rosada, unas postales referentes a los “30.000 argentinos desaparecidos”, que como dijimos, gozan en muchos casos de buena salud y buen pasar.
    Quien luego habría de presidir la “Comisión Nacional sobre Desaparecidos” (CONADEP), el marxista-comunista y mediocre novelista, Ernesto Sábato, aludió en Roma a “informes internacionales que ubicaban entre 6.000 y 15.000 el número de personas que desaparecieron durante la guerra contra la guerrilla de izquierda” (Es decir, la subversión terrorista atea, materialista y apátrida). A través de estas cifras vemos que la cantidad se reduce a la mitad y a un 20 por ciento de la pretendida cantidad de “30.000 desaparecidos”.
    Por esa época, el presidente, vocal fundador de la APDH y ex defensor de los guerrilleros del ERP, Raúl Alfonsín, estimó en “10.000” el número de desaparecidos durante la represión antisubversiva (Clarín 23/1/84), en una nueva reducción a la tercera parte de la cifra. Esta estimación procedente en esa oportunidad del más alto nivel nacional, refleja un giro que había venido operándose en el plano internacional inclusive, como fueron las explicaciones brindadas por el rabino y pederasta Marshall Meyer en Nueva York, acerca del propósito de la CONADEP de “estudiar la desaparición de 10.000 a 17.000 personas”, nueva cantidad máxima que vuelve a reducir a la mitad la que habían difundido hasta entonces por el mundo. (La Nación, 31 enero 1984).
    En medio de la propalación de cifras tan disímiles y contradictorias (30.000 – 27.000 – 20.000 – 17.000 – 15.000 – 10.000 – 6.000), se produce otra declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que reitera haber interrogado al gobierno argentino sobre “1.377 personas desaparecidas, pero que no había recibido respuesta” (Clarín 6/11/84).
    Coincidiendo con ese documento de las Naciones Unidas, se produjo otro comunicado oficial del presidente de la CONADEP, Ernesto Sábato, quien informaba sobre los primeros meses de actividad investigadora, diciendo haber recibido “más de 2.000 denuncias”, pero que la dificultad estaba en que “hay muy escasas pruebas” (Tiempo Argentino, 21/11/84).
    Ante tamaña y reiterada disparidad de cifras máximas, es casi disculpable que el diario más importante del mundo, The New York Times, se refiriese a los “6.000 a 30.000 desaparecidos”. Lo cual refleja algo parecido a la Mentira de Ulises. Que se confunda entre 5 o 6 o 30, vaya y pase, pero aquí la confusión es de 1.377 a 30.000. ¿Qué diferencia, no? -Y por si fuera poco, según informa el diario La Razón del 27 de marzo de 1984, las Madres de Plaza de Mayo, presentaron denuncia y querella criminal ante un juzgado federal por la “privación ilegítima de la libertad de 974 desaparecidos desde el 24 de marzo de 1976”.
    Esta disminución constante – inexplicada e inexplicable – del número alegado de “desaparecidos”, obligó a la CONADEP a publicar avisos reclamando denuncias personales o por carta. Si consideramos que la mayor organización guerrillera había sido la montonera, que llegó a tener en sus filas casi 18.000 terroristas, mientras las otras como el ERP (3.000 miembros), las FAL y distintas bandas menores podían completar el resto. Si en verdad hubiera habido 30.000 desaparecidos, esto querría significar que la guerrilla fue aniquilada en un ciento por ciento.
    Pero todos sabemos que no es así, y que miles de ellos siguen bien vivos. Además, buena parte de estos criminales ocupan distintos estamentos del gobierno y de los poderes del Estado. Criminales a los que un senador borracho y trasnochado ha definido como “idealistas-románticos”, y hasta no faltó algún hijo de mala entraña que los calificara como “patriotas”.
    En la heroica guerra contra la subversión, bien vale decir con José Antonio Primo de Rivera: “Cuando la Verdad es mansillada, no se la defiende con amabilidad ni incredulidad, sino con los Puños y las Armas”.
    ¡Arriba Argentina!
    Gerónimo Díaz de Vivar

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